Como un premio a la impunidad y un retroceso en la lucha contra la corrupción en la administración pública, fue considerada ayer la absolución de Luis Inchausti Rivera, León Antonio López Mata y Grecia María Peguero Rivera, acusados de una presunta estafa por RD$1,438 millones en el manejo de los programas de Empleos Mínimos Eventuales (PEME) y de Acción Barrial (PRODABA).Las críticas fueron formuladas por el ex director del Departamento de Prevención de la Corrupción, Jesús Féliz Jiménez, Marino Elsevif Pineda y Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Féliz Jiménez considera que la decisión de la Fiscalía de retirar la acusación, alegando la inexistencia de pruebas suficientes para mantener la acusación contra estos imputados, así como Diandino Peña, Haivanjoe Ng Cortiñas y Simón Lizardo demuestra una carencia de voluntad política del Gobierno, conforme al discurso enarbolado con respecto a la transparencia e idoneidad en los recursos públicos.
Calificó de "subterfugio, bellaquería y puñalada" a la lucha contra la corrupción los alegatos de la Fiscalía, tras sostener que existen pruebas en cantidades industriales.
Elsevif lamentó que los implicados sean favorecidos. "Es un hecho lamentable de que la impunidad siga dentro del sector público", dijo.
El experto sostuvo que es una vergüenza para el país y un estado de indulgencia contra el supuesto enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos.
De su lado, Mercedes considera que es un premio a la impunidad y una incoherencia de las actuales autoridades en la lucha contra la corrupción.
Manifestó que los imputados han sido premiados con el retiro de la acusación.
A la inversa
Manuel María Mercedes, al extrapolar la situación del PEME con la realidad actual, considera que la Fiscalia y la Justicia han puesto el caso a la inversa, donde sería la sociedad dominicana la que debería pedirle disculpa a los implicados en el PEME. Dice que el MP y la Justicia quedan mal paradas en la lucha contra la corrupción.
