La Comisión Nacional de los Derechos Humanos agradece a los organizadores de la conferencia “Hacia políticas migratorias integrales” la oportunidad de compartir nuestra experiencia sobre el tema, específicamente sobre las dominicanas, dominicanos y personas de otras nacionalidades, incluyendo puertorriqueños y estadounidenses, que han sido deportados hacia República Dominicana.
¡Estamos en tiempos de reforma. Una simple mirada hacia la segunda mitad de la década del 80 y nos encontramos que en los Estados Unidos se venían introduciendo en las legislaturas federal y estatales una serie de leyes que en definitiva tenían como trasfondo políticas anti inmigrantes, como son, luego de la Ley de Amnistía de 1986, la Proposición 187 y otras que promovía y promueven el English Only o inglés como única lengua. Fueron y son reformas con el tema migratorio como centro y en las que los derechos humanos no fueron tomados en cuenta.
Para entonces se comenzaba a observar un aumento gradual en el número de personas deportadas. Ese aumento coincidía con el apogeo del narcotráfico y su secuela de violencia y muertes en las calles de las principales ciudades de los Estados Unidos. Para entonces la excusa oficial era de la de vaciar las cárceles estadounidenses de narcotraficantes y delincuentes.
Septiembre 11 parece ser la excusa que necesitaban los grupos conservadores de los Estados Unidos y de Europa para endurecer, mediante reformas, sus políticas migratorias.
Después de Septiembre 11, y a propósito de la aprobación de legislaciones y la aplicación de órdenes administrativas dirigidas a preservar la seguridad nacional y a frenar el terrorismo, las comunidades inmigrantes y sus organizaciones representativas comienzan a observar que, para la lógica de la Casa Blanca, terrorista es todo aquel que conduzca un auto sin licencia, o que ocupe un puesto de trabajo sin ser residente legal, o que en el pasado hubiese cometido una infracción de simple policía, o que en cualesquiera de los precintos policiales pesara una denuncia de violencia doméstica.
De acuerdo con ellos, si se está dentro de dichos parámetros se puede y debe ser objeto de deportación; esto, sin tomar en consideración cuestiones como el tiempo de la persona afectada residiendo en los Estados Unidos, su status migratorio o su familia, es decir, irrespetando los más elementales de sus derechos, como es el caso de la unidad familiar.
Las consecuencias son evidentes: en el caso de República Dominicana, de 1996 a la fecha han sido deportados alrededor de 37,000 personas, de acuerdo con cifras servidas por el Departamento de Deportados de la Policía Nacional y la Dirección General de Migración. El pasado año fueron deportados 2020 personas y en lo que va de año 486. El último grupo, de más de 60, arribó ayer miércoles en la mañana.
¡Estamos en tiempos de reforma. Una simple mirada hacia la segunda mitad de la década del 80 y nos encontramos que en los Estados Unidos se venían introduciendo en las legislaturas federal y estatales una serie de leyes que en definitiva tenían como trasfondo políticas anti inmigrantes, como son, luego de la Ley de Amnistía de 1986, la Proposición 187 y otras que promovía y promueven el English Only o inglés como única lengua. Fueron y son reformas con el tema migratorio como centro y en las que los derechos humanos no fueron tomados en cuenta.
Para entonces se comenzaba a observar un aumento gradual en el número de personas deportadas. Ese aumento coincidía con el apogeo del narcotráfico y su secuela de violencia y muertes en las calles de las principales ciudades de los Estados Unidos. Para entonces la excusa oficial era de la de vaciar las cárceles estadounidenses de narcotraficantes y delincuentes.
Septiembre 11 parece ser la excusa que necesitaban los grupos conservadores de los Estados Unidos y de Europa para endurecer, mediante reformas, sus políticas migratorias.
Después de Septiembre 11, y a propósito de la aprobación de legislaciones y la aplicación de órdenes administrativas dirigidas a preservar la seguridad nacional y a frenar el terrorismo, las comunidades inmigrantes y sus organizaciones representativas comienzan a observar que, para la lógica de la Casa Blanca, terrorista es todo aquel que conduzca un auto sin licencia, o que ocupe un puesto de trabajo sin ser residente legal, o que en el pasado hubiese cometido una infracción de simple policía, o que en cualesquiera de los precintos policiales pesara una denuncia de violencia doméstica.
De acuerdo con ellos, si se está dentro de dichos parámetros se puede y debe ser objeto de deportación; esto, sin tomar en consideración cuestiones como el tiempo de la persona afectada residiendo en los Estados Unidos, su status migratorio o su familia, es decir, irrespetando los más elementales de sus derechos, como es el caso de la unidad familiar.
Las consecuencias son evidentes: en el caso de República Dominicana, de 1996 a la fecha han sido deportados alrededor de 37,000 personas, de acuerdo con cifras servidas por el Departamento de Deportados de la Policía Nacional y la Dirección General de Migración. El pasado año fueron deportados 2020 personas y en lo que va de año 486. El último grupo, de más de 60, arribó ayer miércoles en la mañana.
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