Santo Domingo.-La Comisión de los Derechos Humanos en República Dominicana, presentó un informe en el que indica que en el año 2010 la inseguridad ciudadana y la violencia dominaron el panorama social del país. Expresa que alrededor de 2,155 personas perdieron la vida en hechos violentos, indicando que solo la Policía Nacional mató este año en intercambios de disparos, de acuerdo con denuncias y cifras oficiales, a 478 personas.
Señala que en el período comprendido entre el primero de enero al 16 de agosto de este año, bajo la jefatura del mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, 429 personas perdieron la vida, el resto, hasta el día ocho de este mes, se le atribuyen a la jefatura del mayor general Polanco Gómez.
En cuanto a los intercambios de disparos la entidad al comparar los datos con el año 2009, donde murieron 400 personas, concluye con que hubo un incremento en este año de un 16 %.
Indica además que entre las principales causas de muertes violentas están asaltos, robos, riñas y violencia de género. Dice en su informe que se estima que en más del 60% de los hechos delictivos violentos, hay involucrados agentes de la Policía y militares.
Precisa que la presencia de agentes del orden en violencia delictiva va desde “intercambio de disparos” hasta tráfico de drogas, asaltos, robos, extorsión y feminicidios.
En un documento enviado a El Nuevo Diario indica la entidad apunta que la implicación de policías y militares en hechos de sangre y en delitos penales es tan elevada que el Ministro de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier, afirmó que “La Policía ha disparado la tasa de criminalidad en 3.4% debido a la incapacidad en el manejo de las técnicas policiales”.
Los policías y militares involucrados en hechos delictivos se dan a todos los niveles jerárquicos, desde generales a guardias rasos, desde narcotráfico hasta el sicariato.
Al analizar el año 2010 resalta que el sicariato se ha ido incrementando hasta el punto que en los círculos de seguridad se le tilda de industria. Dice que los últimos hechos revelan que el grueso de los sicarios ha salido de las filas de la Policía Nacional, donde a través de la Unidad de Persecución y Búsqueda de Fugitivos son formados en técnicas de asesinatos, pasando de ahí a vender sus servicios al crimen organizado.
Linchamientos
En relación a los linchamientos la comisión entiende que en este año se han incrementado e indica que el 2010 concluye con un total de nueve personas linchadas públicamente, cuatro de los cuales han ocurrido desde el 16 de agosto, bajo al jefatura policial del general Polanco Gómez.
Al respecto observa que el actual jefe de la policía con sus últimas declaraciones fomenta estas acciones al decir que estos hechos deben servir de escarmiento a los jóvenes.
Desaparecidos
Califica de preocupante la cifra de personas reportadas por sus familiares como desaparecidas, y revela que la Policía Nacional registra un total de 146 personas desaparecidas, sin embargo, no dispone de estadísticas del número de casos resueltos, excepto un porcentaje mínimo que han aparecido muertas con signos de extrema violencia, como decapitaciones.
Feminicidios
Sobre los feminicidios la Comisión Nacional de los Derechos Humanos indica que ha recibido denuncias de 192 feminicidios en 2010, lo que significa un incremento de 159% con respecto al año 2009, año en que se registraron 74 casos. Resalta que del 50%, de las mujeres maltratadas fueron ejecutados por su pareja o alguien del entorno de la víctima.
Migración
En el aspecto Migratorio el informe plantea que el año 2010 fue para la República Dominicana de altas y bajas, sobre todo en lo que a la migración haitiana se refiere. Explica que luego del terremoto que afectó Haití , la República Dominicana se volcó en ayuda al vecino país, y que en solidaridad el gobierno abrió la frontera y detuvo las deportaciones masivas.
Entiende la entidad que la apertura de la frontera se hizo de manera irresponsable y sin adoptar los controles de lugar, convirtiéndose la misma en un mercado abierto al tráfico humano, de drogas y de armas.
Señala que la Junta Central Electoral continuó aplicando la resolución 017, de fecha 3 de marzo 2007 contra “los dominicanos de descendencia haitiana” y niega los documentos de identidad a personas cuya nacionalidad ya había sido reconocida por el Estado, con el pretexto que sus padres no eran residentes cuando fueron inscrito en el registro oficial del nacimiento.
Indica que esta situación ha provocado que más de 600,000 mil dominicanos de descendencia haitiana se encuentren en un limbo jurídico, ya que no pueden estudiar, trabajar, ni tener acceso a la ley de seguridad social y mucho meno a circular libremente en el país.
La Comisión de los Derechos Humanos, concluye este tema señalando que esta medida administrativa viola la Constitución de la República Dominicana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros convenios internacionales.
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