viernes, marzo 12, 2010

Departamanto de Estado Informe 2010 sobre los Derechos Humanos en Republica Dominicana



El informe no ve mejoría en aspectos como la corrupción generalizada, hostigamiento a grupos de derechos humanos, violencia y discriminación en contra de mujeres, prostitución infantil y otros abusos contra niños.

La República Dominicana confronta “serios problemas” en materia de Derechos Humanos según un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el que se citan pocos avances en la materia, sobretodo por los asesinatos extrajudiciales, golpizas a los reclusos y abuso a los sospechosos de crímenes detenidos por los organismos de investigación.

Aunque reconoce una mejoría en esa materia, el informe no ve mejoría en aspectos como la corrupción generalizada, hostigamiento a grupos de derechos humanos, violencia y discriminación en contra de mujeres, prostitución infantil y otros abusos contra niños.

Además resalta como debilidades, el tráfico de personas, discriminación severa contra inmigrantes haitianos y sus descendientes, la violencia y discriminación contra personas por su orientación sexual y la inefectividad de hacer cumplir las leyes laborales.

Actuación policial

El informe del Departamento de Estado sobre los Derechos Humanos 2009 señala que “el gobierno o sus agentes no cometieron matanzas por motivos políticos, pero hubo numerosos informes de que las fuerzas de seguridad estuvieron implicadas en muchas muertes de manera ilegal, injustificables”, agrega.

Expresa que según datos de la Procuraduría General de la República, la Policía mató a 346 personas en 32 provincias durante año 2009, lo que represento una disminución en comparación con las 455 que murieron a manos de la Policía en el 2008.

El informe recoge además la opinión de las organizaciones no gubernamentales de los derechos humanos, que afirmaron que, como en años pasados, “la policía continuó empleando fuerza letal de manera injustificada”.

Entre los casos más importantes citados en el informe, figuran el del joven José Gómez Taveras de 19 años, a quien según testigos presénciales un oficial de policía baleo y mato a quema ropa, después de forzarlo a arrodillarse aun cuando este parecía dispuesto a cooperar y el de los asesinatos de dos de los supuestos secuestradores del Joven Baldera Gómez, en Guayubín, provincia Monte Cristo en octubre pasado.

“En noviembre, el jefe de policía formó una comisión investigadora. Dicha comisión rechazó la versión de los oficiales y concluyo que, junto con otro caso citado en el informe es el que un oficial de la Policía mato a balazos al joven Lissandro Cuevas Ferreras, de 23 años, quien estaba esposado y esperaba atenciones en un centro médico de San Cristóbal”.

Asimismo el documento recoge el caso en que durante una protesta la Policía abrió fuego en un grupo de manifestantes, matando a dos personas y la condena a 12 años de prisión a dos oficiales implicados en la muerte de cuatro civiles y un oficial de la policía en Boca Chica en mayo del 2008.

El informe de sobre los Derechos Humanos 2009 cita además casos de “torturas y otros tipos de castigos crueles, inhumanos” que se practican en el país, aunque están prohibidos por la ley.

Mejoras

El documento cita mejoras en la supervisión, conocimiento y el establecimiento de responsabilidades, las cuales contribuyen a resaltar la percepción de que la policía estaba haciendo esfuerzos por reducir estos incidentes.

No obstante, las organizaciones de los derechos humanos indicaron que el vigilantismo uniformado persistió en un nivel no letal.

Aunque reconoce que la jefatura de la Policía trata el tema de torturas y los abusos físicos seriamente, la falta de supervisión y entrenamiento socavaron esfuerzos para contener el problema.

Las cárceles

El documento resalta que mientras las condiciones se extendieron generalmente de pobres a extremadamente duras, el gobierno hizo avances con un nuevo modelo donde los presos experimentaron condiciones mejoradas con respecto a las otras instalaciones.

Agrega según las autoridades había 18.701 presos en 36 prisiones, con una capacidad prevista para aproximadamente 10 mil, mientras que en los centros bajo el nuevo modelo tenían 2.864 presos. Otros 15 mil 837 presos permanecían en prisiones convencionales.

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