La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dominicana denunció hoy a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CorteIDH) la supuesta violación de dichos derechos por parte de las autoridades locales. En un informe entregado a la misión del órgano interamericano que se encuentra de visita en el país, y que aseguró que estudiará la denuncia, la CNDH argumentó que para las autoridades locales, los derechos humanos son palabras para ser usadas "a conveniencia".
El organismo dominicano señaló que 2008 fue "funesto" para los residentes en el país en materia de derechos humanos, ya que "se violentaron los derechos fundamentales, desde la degradación de la dignidad humana en el proceso electoral, la caída en el nivel de vida, el aumento del desempleo, hasta el irrespeto y violación al derecho a la vida".
En el informe, la CNDH denunció los frecuentes y cuestionados intercambios de disparos entre civiles y policías, que el año pasado dejaron 500 muertos entre la población civil.
Según la entidad, estos tiroteos son la excusa que utiliza la policía local desde los años 70 "para justificar ejecuciones sumarias o asesinatos selectivos" y dijo que dicha institución, "lejos de ser un brazo auxiliar de la justicia, se ha convertido en un cuerpo al que la ciudadanía muchas veces teme más que a la delincuencia misma".
La entidad también sostuvo ante la misión de la CorteIDH que en el país se continúa aplicando la tortura como método para lograr confesiones de sospechosos, mientras que las cárceles siguen siendo "cementerios de seres humanos vivos" a causa del hacinamiento y la falta de higiene y alimentación.
"El sistema penitenciario dominicano está en condiciones deplorables", apuntó el organismo, cuyos representantes pidieron a la Procuraduría General de la República y a la Dirección General de Prisiones que se pronunciaran acerca de esta situación.
En el informe, los activistas de los derechos humanos locales también expusieron la situación por la que atraviesa los inmigrantes haitianos y sus descendientes en el país.
Además, se refirieron a las agresiones, amenazas o sometimientos a la justicia de que fueron objeto unos 53 periodistas locales el año pasado.
La CNDH acusó a las autoridades de hacer caso omiso de los reclamos de la sociedad, que van desde el derecho a la alimentación, la salud, la educación, la vivienda y la vida misma hasta mejores condiciones de trabajo y atenciones a las necesidades de las distintas comunidades.
"Para las autoridades que nos gobiernan, esos son reclamos políticos, como si el derecho mismo de la política no fuera un derecho fundamental del ser humano en sociedad", argumentó.
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