NUEVA YIORK._ El gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Justicia en Washington, estaría tramitando el pedido de extradición de los oficiales de la Marina de Guerra Dominicana, miembros de otros cuerpos castrenses y varios civiles implicados en las ejecuciones de siete personas en Paya (Baní), confirmó una fuente de la embajada dominicana en la capital estadounidense.
Aunque la información no especifica en la corte federal de cuál estado, se procesaría a los imputados encabezados por el ex teniente de navío Edward Mayobanex Rodríguez Montero, señalado por la justicia dominicana de ser directamente el autor de los asesinatos, se dijo que sólo se está a la espera de que un Gran Jurado concluya la fase de revisión de evidencias presentadas por la fiscalía.
Empero, la fuente dijo que podrían ser extraditados a Nueva York y San Juan (Puerto Rico) ciudades donde los tentáculos de la banda de narcotraficantes y asesinos en uniformes y civiles, han transportado miles de kilos de cocaína y heroína y cuentan con importantes socios en los anillos del crimen organizado.
Ayer la prensa dominicana reseñó que dos sujetos entraron al Palacio de la Policía Nacional con la clara intención de matar al teniente bajo custodia buscando silenciarlo, porque se cree que otros altos rangos e incluso figuras políticas de importancia, estarían envueltos en la organización.
La denuncia para asesinar al ex oficial es el segundo caso de su tipo desde que hace varios años, el también ex capitán del Ejército Nacional Quirino Ernesto Paulino Castillo, hiciera lo propio mientras se encontraba a la espera de ser extraditado a Nueva York y recluido en la cárcel de Najayo en San Cristóbal.
El abogado del teniente Montero doctor Víctor Manuel Marte y familiares del acusado denunciaron en su momento que su defendido siempre estuvo dispuesto a entregarse, pero que no lo hizo por temor a que lo asesinaran después de ser apresado. Montero fue detenido tratando de abandonar el país caribeño por el aeropuerto Gregorio Luperón de Puerto Plata.
El jurista ha dicho que su cliente es “inocente” de los cargos y se ha criticado el maltrato que se le ha infligido en la cárcel.
Antes de que a través de la embajada dominicana en Washington, se tramite cualquier solicitud de extradición basada en un tratado en la República Dominicana y los Estados Unidos que data de 1909, un Gran Jurado debe sesionar en lo que dentro del derecho se conoce como “Prima Facie” , un término en latín que se traduce “Fase Primaria” y en la que los miembros del panel convocados por la fiscalía y un juez, definen si hay causa probable para entonces, si la hay, autorizar una orden de arresto contra los implicados.
Luego una corte emite la orden de arresto que se mantiene como documento sellado dentro de una investigación, se entrega a las agencias de la ley para ser aplicada. De la embajada en Washington, la solicitud de extradición debe pasar por la secretaría de Relaciones Exteriores que tiene que certificar el recibo y de allí a la Procuraduría General de la República que la envía a su vez a la Suprema Corte de Justicia que decide si el solicitado por un gobierno extranjero (en este caso Estados Unidos) puede ser entregado o no.
Sin embargo, por encima de esa decisión judicial, la última palabra la tiene el presidente de la república que debe firmar o no un decreto autorizando finalmente que el ciudadano o la ciudadana que se impliquen en delitos, son entregados a la justicia de los Estados Unidos.
La fuente de la delegación diplomática criolla en Washington explicó que como se ve en detalles, esos procesos son burocráticos y algunos de ellos toman su tiempo. “Podrían ser meses o semanas, pero por lo general, en casos como éste y el de Quirino en los que al gobierno de Estados Unidos y al dominicano también les interesa proteger las vidas de los acusados y acelerar sus procesos judiciales, se hace mucho más rápido”.
Similar al caso Quirino a los involucrados en el caso de Paya se les incautaron fincas, residencias y dinero en efectivo propiedades que pertenecen al señor José Luis Montas (El Duro Motor´s), Luis Lara Martínez (El Churro) y Augusto Alberto Daneri Santana. Las propiedades ellos las tienen en las ciudades de Santo Domingo, Villa Altagracia, San Cristóbal y Baní. Todos podrían figurar en el mismo expediente que prepara el Departamento de Justicia en Washington. Se confiscaron también 20 vehículos.
Las ejecuciones de las siete personas en la sección Ojo de Agua, Paya (provincia Peravia), ocurrió el 4 de agosto de este año y el múltiple crimen está ligado directamente al narcotráfico.
Aunque la información no especifica en la corte federal de cuál estado, se procesaría a los imputados encabezados por el ex teniente de navío Edward Mayobanex Rodríguez Montero, señalado por la justicia dominicana de ser directamente el autor de los asesinatos, se dijo que sólo se está a la espera de que un Gran Jurado concluya la fase de revisión de evidencias presentadas por la fiscalía.
Empero, la fuente dijo que podrían ser extraditados a Nueva York y San Juan (Puerto Rico) ciudades donde los tentáculos de la banda de narcotraficantes y asesinos en uniformes y civiles, han transportado miles de kilos de cocaína y heroína y cuentan con importantes socios en los anillos del crimen organizado.
Ayer la prensa dominicana reseñó que dos sujetos entraron al Palacio de la Policía Nacional con la clara intención de matar al teniente bajo custodia buscando silenciarlo, porque se cree que otros altos rangos e incluso figuras políticas de importancia, estarían envueltos en la organización.
La denuncia para asesinar al ex oficial es el segundo caso de su tipo desde que hace varios años, el también ex capitán del Ejército Nacional Quirino Ernesto Paulino Castillo, hiciera lo propio mientras se encontraba a la espera de ser extraditado a Nueva York y recluido en la cárcel de Najayo en San Cristóbal.
El abogado del teniente Montero doctor Víctor Manuel Marte y familiares del acusado denunciaron en su momento que su defendido siempre estuvo dispuesto a entregarse, pero que no lo hizo por temor a que lo asesinaran después de ser apresado. Montero fue detenido tratando de abandonar el país caribeño por el aeropuerto Gregorio Luperón de Puerto Plata.
El jurista ha dicho que su cliente es “inocente” de los cargos y se ha criticado el maltrato que se le ha infligido en la cárcel.
Antes de que a través de la embajada dominicana en Washington, se tramite cualquier solicitud de extradición basada en un tratado en la República Dominicana y los Estados Unidos que data de 1909, un Gran Jurado debe sesionar en lo que dentro del derecho se conoce como “Prima Facie” , un término en latín que se traduce “Fase Primaria” y en la que los miembros del panel convocados por la fiscalía y un juez, definen si hay causa probable para entonces, si la hay, autorizar una orden de arresto contra los implicados.
Luego una corte emite la orden de arresto que se mantiene como documento sellado dentro de una investigación, se entrega a las agencias de la ley para ser aplicada. De la embajada en Washington, la solicitud de extradición debe pasar por la secretaría de Relaciones Exteriores que tiene que certificar el recibo y de allí a la Procuraduría General de la República que la envía a su vez a la Suprema Corte de Justicia que decide si el solicitado por un gobierno extranjero (en este caso Estados Unidos) puede ser entregado o no.
Sin embargo, por encima de esa decisión judicial, la última palabra la tiene el presidente de la república que debe firmar o no un decreto autorizando finalmente que el ciudadano o la ciudadana que se impliquen en delitos, son entregados a la justicia de los Estados Unidos.
La fuente de la delegación diplomática criolla en Washington explicó que como se ve en detalles, esos procesos son burocráticos y algunos de ellos toman su tiempo. “Podrían ser meses o semanas, pero por lo general, en casos como éste y el de Quirino en los que al gobierno de Estados Unidos y al dominicano también les interesa proteger las vidas de los acusados y acelerar sus procesos judiciales, se hace mucho más rápido”.
Similar al caso Quirino a los involucrados en el caso de Paya se les incautaron fincas, residencias y dinero en efectivo propiedades que pertenecen al señor José Luis Montas (El Duro Motor´s), Luis Lara Martínez (El Churro) y Augusto Alberto Daneri Santana. Las propiedades ellos las tienen en las ciudades de Santo Domingo, Villa Altagracia, San Cristóbal y Baní. Todos podrían figurar en el mismo expediente que prepara el Departamento de Justicia en Washington. Se confiscaron también 20 vehículos.
Las ejecuciones de las siete personas en la sección Ojo de Agua, Paya (provincia Peravia), ocurrió el 4 de agosto de este año y el múltiple crimen está ligado directamente al narcotráfico.
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